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LA CORRUPCION, LA PRINCIPAL INDUSTRIA MARROQUI

7 agosto, 2008
 La inmigración ilegal se ha convertido en un negocio para muchos marroquíes. Quizás el segundo mayor movimiento de dinero ilícito después del tráfico de hachís. ¿Cómo si no se entiende la construcción de pateras en la costa de El Aaiún, las travesías en las mismas hacia Canarias al mando de patrones marroquíes o el tráfico de personas a través del muro que separa Mauritania del Sahara Occidental?
Los servicios de Información e Inteligencia españoles llevan advirtiendo desde hace años de que la corrupción en muchos sectores de la seguridad del país vecino estaba facilitando la llegada de miles de subsaharianos. Las mafias africanas del tráfico humano han logrado establecer una extensa red de conexiones con los diferentes polos de la autoridad marroquí y sus tentáculos no sólo tocan a policías, guardias fronterizos y miembros del ejército. También a jueces, fiscales y distintas esferas del poder.
«La corrupción y los sobornos son muy frecuentes, posibilitando en gran medida la acción de esos grupos», se dice sobre Marruecos en un extenso informe del CNI, fechado en diciembre de 2003 y en el que ya se avanzaba lo que hoy está ocurriendo al otro de la valla en Ceuta y Melilla. El documento, que detalla las rutas africanas de tráfico de inmigrantes con destino a España, hace una exposición demoledora de la situación de corrupción generalizada, crecida en torno a la catástrofe humanitaria que se cierne a las puertas de Europa.

Todos cobran. «Por una parte, están los pagos a policías, guardias fronterizos y miembros del ejército, que efectúan principalmente los “pasadores” (encargados de pasar a los grupos por la frontera). En el caso de los puertos, las mafias cuentan con la colaboración tanto de miembros de las fuerzas policiales, como del personal encargado del movimiento de barcos», afirman los servicios secretos españoles.
Los tribunales de justicia no se quedan atrás. «Se producen habitualmente casos de manipulación y soborno de miembros de órganos judiciales, encarcelamientos anormalmente cortos de personas que han sido declaradas culpables, así como la continuación de las actividades delictivas desde las mismas cárceles, a través de contactos y del amplio uso de teléfonos móviles. Todo ello en el caso de que se haya decidido actuar contra las personas sospechosas de esos delitos, circunstancia que en general no llega a producirse, debido a la vinculación que algunos miembros de las redes mantienen con las autoridades». En el caso concreto de las redes que operan desde Mauritania para introducir inmigrantes clandestinos hacia el Sahara Occidental, los servicios secretos afirman que sus miembros «mantienen contactos fundamentalmente con marroquíes en Rabat y en Agadir». Mediante teléfonos móviles o vía satélite, les anuncian la entrada en el país de nuevos cargamentos humanos para que dichos contactos se ocupen de franquear el paso sobre el terreno. Ya antes han contado con el apoyo de personal y autoridades portuarias mauritanas que los han informado de los lugares sin vigilancia y los turnos de servicios policiales en la zona de Nouadhibou.
El acceso desde Mauritania es especialmente complicado ya que hay que atravesar los infranqueables muros defensivos que separan este país del Sahara Occidental. Pero el muro se derrite en poco tiempo al calor del dinero. En ese tramo fronterizo los «pasadores» son mayoritariamente mauritanos asentados en la ciudad de Zouerat (Mauritania), convertida «en un pujante centro donde se dan cita comerciantes, traficantes de todo tipo y contrabandistas».
A partir de esta ciudad y hacia el norte, el protagonismo en las tareas de acompañar a los grupos de clandestinos «recae principalmente en saharauis que llevan varios años viviendo a lo largo de esas zonas fronterizas y han llegado a conseguir la colaboración de miembros de las fuerzas armadas marroquíes para lograr que los inmigrantes puedan cruzar los muros», afirma el CNI en este documento de carácter confidencial, en poder de LA RAZÓN.
Lo mismo ocurre con el creciente número de ciudadanos asiáticos (China, Pakistán, Bangladesh) que acceden a España desde el Magreb en patera o en barcos comerciales. Estos inmigrantes llegan por vía aérea a Marruecos y, pese a que se les exige visado, prefieren este país, «habida cuenta del alto número de casos de corrupción que se da en los organismos encargados de la tramitación de los mismos».
Las crifras que mueve la inmigración irregular en África son incalculables, pero no hay duda de que esta actividad constituye uno de los mayores emporios económicos del continente. Un pequeño cálculo puede dar idea del extraordinario negocio que supone. Si establecemos como verídico los 3.000 euros de media que paga un subsahariano a lo largo de su calamitosa travesía hasta Marruecos, sólo con los 11.663 inmigrantes que han lograron pisar suelo español en los nueve primeros meses del año, los traficantes han obtenido unas rentas de casi 35 millones de euros, casi seis mil millones de las antiguas pesetas. Efectivamente, el comercio de esclavos del siglo XXI es una industria colosal. Sólo comparable a la del tráfico de drogas.

La llave es de Marruecos. A este enorme magma de sufrimiento y corruptela se enfrentan las Fuerzas de Seguridad españolas, garantes de la impermeabilización de la frontera Sur de Europa. La Guardia Civil, en su misión de custodiar las fronteras físicas, y el Cuerpo Nacional de Policía, como competente en materia de Extranjería.
En ambos cuerpos se reconoce que «la llave» para detener la penosa inmigración africana «la tiene Marruecos». «Si ellos quisieran jugar el papel de gendarmes de Europa sería la solución ideal. Pero mientras no se les dé recursos, y bastantes recursos, no están por la labor», admiten fuentes policiales de Extranjería.
Mientras, desde ambos cuerpos se apuesta por la colaboración de Marruecos. «Aunque sea escasa facilita nuestro trabajo», dicen. Algo ya se está consiguiendo. Pese a las avalanchas sobre la valla de Melilla y Ceuta, el número de subsaharianos que ha logrado llegar a territorio español por la frontera Sur (Canarias, Estrecho, Ceuta y Melilla) en los primeros nueve meses del año ha disminuido en un 21,6% con respecto al mismo período del año anterior.
«Nuestros informes indican que la presión inmigratoria desde los países subsaharianos se mantiene y ahí está lo que ha sucedido en las vallas. Sin embargo, se ha logrado reducir la entrada en pateras en un 50%. Se habla del efecto del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) instalado en Canarias y el Estrecho, pero no se dice que también Marruecos ha desmantelado los asentamientos de pateras en El Aaiún», señala un mando policial, que apuesta por conseguir en este asunto la colaboración de Marruecos igual que se obtuvo en su momento de Francia para combatir el terrorismo de ETA.
En este sentido, la Policía española ha incrementado recientemente su presencia en el reino alauí, con cuatro enlaces permanentes en la embajada española en Rabat. A la inversa, Marruecos dispone de tres en nuestro país. Uno en Algeciras, otro en Las Palmas y un tercero en Madrid. El cruce de información entre ambas policías ha permitido hasta ahora pequeños pero esperanzadores logros en la lucha contra la inmigración en las costas de Marruecos y en el combate de ciertos focos de corrupción.
En la Guardia Civil se admite en voz baja el entramado de sobornos al otro lado de la frontera, pero también se prefiere rebajar el problema en aras de «poder trabajar con ellos todos los días. Lo contrario sería un enorme perjuicio para España y los ciudadanos nos pagan para ser eficaces. Es lo que hay», declara un mando de la Benemérita en Melilla.
Este sentimiento de resignada fortaleza es el que ha impedido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad levantar la voz semanas atrás contra las 13 muertes de subsaharianos en las vallas de Ceuta y Melilla, pese a que de sobra sabían desde el primer minuto de dónde procedían los disparos y los golpes mortales.

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