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UN NUEVO INFORME DENUNCIA LA VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS EN EL SAHARA OCCIDENTAL

19 diciembre, 2008
INFORME SOBRE LOS REFUGIADOS

Marruecos viola derechos y libertades en el Sáhara Occidental, según Human Rights Watch

  • Los disidentes están sometidos a palizas, detenciones arbitrarias y juicios sumarios
  • El referéndum de autodeterminación es un objetivo cada vez más lejano

Marruecos viola el derecho a la libertad de expresión, asociación y asamblea en el Sáhara Occidental. Así lo señala un informe de Human Rights Watch presentado este viernes en Rabat. La organización acusa a las autoridades marroquíes de golpear y torturar a los activistas saharauis que expresan sus ideas proindependentistas o el derecho del pueblo saharaui a celebrar un referéndum de autodeterminación. Aunque el informe señala que la represión «se ha reducido en cierto modo», los disidentes están sometidos a palizas, detenciones arbitrarias y juicios sumarios.

El informe, de 216 páginas, no sólo se centra en los territorios ocupados por Marruecos desde 1975, sino que por primera vez analiza la situación de los Derechos Humanos en los campamentos de refugiados saharauis que administra el Frente Polisario en Tinduf (Argelia).

HRW ha constatado que el Polisario «permite que los refugiados critiquen su gestión, pero margina a los que se oponen directamente a su liderazgo». En este sentido, «los disidentes que se ven apartados de la sociedad acaban lléndose de los campamentos», indica a elmundo.es Eric Goldstein, investigador para el Norte de África de la organización pro Derechos Humanos.

El principal problema en los campos de Tinduf es, para HRW, el aislamiento de los refugiados en medio del desierto argelino. Esta situación es un riesgo para los más de 125.000 saharauis que viven, según el informe, en los campamentos. Los refugiados están «expuestos al abuso debido a la falta de verificación regular e independiente sobre la situación de los derechos», reza el texto.

«El problema internacional del Sáhara Occidental ha estado en segundo plano durante décadas«, explica Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Próximo y Norte de África de HRW. «No obstante, este conflicto sirve para que el mundo pueda entender y abordar los problemas más amplios de derechos humanos que siguen existiendo para Marruecos», añade.

Rabat ha ratificado y se ha comprometido a respetar un conjunto de leyes internacionales de Derechos Humanos, incide el documento. «Con este referente, el trato que Marruecos a los saharauis que se oponen a su control continuado del Sáhara Occidental vulnera los derechos humanos», concluye.

La misión internacional

Por todo ello, la institución recomienda a la ONU que encargue a la MINURSO (la Misión de la ONU para el Referéndum en el Sáhara Occidental) que haga un seguimiento de la situación de los Derechos Humanos tanto en el Sáhara Occidental como en Tinduf. La labor de la MINURSO se ha centrado, desde su creación en 1991, en verificar el alto el fuego entre Rabat y el Frente Polisario y elaborar un censo de votantes para participar en el referéndum de autodeterminación, un objetivo que cada vez está más lejano para los saharauis debido al constante bloqueo de Marruecos.

El conflicto del Sáhara Occidental se encuentra actualmente en un ‘impasse’, desde que la ONU decidió prescindir del último enviado especial del secretario general, Peter Van Walsum, el pasado agosto. El candidato a sustituirle, el diplomático estadounidense Christopher Ross, recibió este viernes el beneplácito de Marruecos después de meses de silencio. Rabat expresó su «no rechazo» al nombramiento de Ross, a quien el Polisario ya había aceptado, y se espera que esta declaración relance de nuevo el proceso de negociaciones directas en que estaban envueltas ambas partes.

Fuente original: http://www.elmundo.es/elmundo/2008/12/19/internacional/1229708692.html

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¿QUÉ ES EL GENOCIDIO SAHARAUI?

19 diciembre, 2008

En octubre de 1975, la población civil saharaui comenzó a huir de las ciudades del Sáhara Occidental hacia las zonas controladas por el Frente Polisario, debido a la invasión del ejército marroquí.

A finales de noviembre de 1975, varias de las principales ciudades saharauis ya estaban controladas por el invasor marroquí y se iba conociendo los horrores a los que los invasores sometían a la población saharaui: robos, incendio de casas, detenciones masivas, torturas, desapariciones y asesinatos. Una joven saharaui, Mariam Mohamed Salem, testigo de los hechos, relató:

“Por donde pasaban los tanques y los soldados marroquíes, muchos de ellos drogados con hachís, cometieron asesinatos en masa; muchas madres y niños saharauis fueron asesinados simplemente por no decir ¡Viva el rey Hassan II de Marruecos! (…) obligaban a que todas las casas fueran adornadas con la bandera marroquí y la fotografía del Rey de Marruecos; si no se hacía, se llevaban a la familia entera a la cárcel (…) En la cárcel, las mujeres son dejadas a merced de los soldados marroquíes, acostumbrados a una vida de drogas y prostitutas. La violación era regla general (…) yo estuve cuatro días detenida por sospechosa de ser miembro del Frente POLISARIO junto con otras treinta chicas estudiantes. Muchos de los encarcelados o detenidos nunca volvieron”. 

Ante tal barbarie, decenas de miles de saharauis cogieron lo poco que tenían para huir hacia los campamentos que se habían instalado en el interior del territorio. El duro camino y las duras condiciones, costaron la vida a cientos de personas, principalmente ancianos y niños por las condiciones de calor, falta de agua, falta de alimentos, enfermedades y agotamiento. En diciembre de 1975, según diversas fuentes, unas 20.000 personas intentaban subsistir en los campamentos del interior del territorio, sin atenciones médicas, sin medicamentos y con graves carencias de agua, abrigo y comida. En febrero de 1976, ya eran 50.000 los refugiados que habitaban los campamentos. Los alimentos y el agua tuvieron que ser duramente racionados.

Si ahí no había comenzado el Genocidio Saharaui, comenzó a finales de enero de 1976. La aviación marroquí comenzó a bombardear los campamentos, principalmente habitados por ancianos, mujeres y niños, puesto que los hombres luchaban con escasos medios contra la invasión marroquí. Primero fueron bombardeados los campamentos de Amgala y Tifariti, con un saldo de decenas de muertos y cientos de heridos. Unos días más tarde fue bombardeado el campamento de Bir N´zaran, con idéntico resultado.

Marruecos comprendió que borrando del mapa a la población saharaui, se acababa el problema. Aunque el problema fueran mujeres, ancianos y niños indefensos. Y se empleó a fondo. Los días 18, 20 y 23 de febrero de 1976, la aviación marroquí bombardeó el campamento de Um Draiga con fósforo blanco y napalm, armas prohibidas que queman la piel y llegan a deshacer la carne y los huesos. El resultado fue de al menos 2.000 muertos, niños, mujeres y ancianos quemados por los bombardeos que querían borrar del mapa a la población saharaui.

Las operaciones de la aviación marroquí contra la población civil continuó hasta finales de marzo de 1976, cuando Argelia abrió sus fronteras para acoger a los refugiados saharauis. El Frente Polisario y la Media Luna Argelina se emplearon a fondo para trasladar a la población diezmada y traumatizada hacia la región de Tindouf, en el interior del territorio argelino.

En el traslado final hacia Tindouf, cientos de vidas siguieron cayendo, ya que la aviación marroquí, lejos de acabar con el genocidio, siguió bombardeando las caravanas de vehículos. Finalmente, la mayoría de la población saharaui fue puesta a salvo en territorio argelino, aunque las condiciones seguían siendo muy precarias.

La población saharaui quedó dividida en dos: los que pudieron huir a territorio argelino y los que se quedaron en los territorios ocupados bajo la invasión marroquí. Los que se fueron y sus descendientes, malviven en los campamentos de refugiados de Tindouf, 33 años después. Con enormes dificultades, se han ido organizando los campamentos, que fueron renombrados con el nombre de las principales ciudades del Sáhara Occidental (El Aaiun, Auserd, Smara y Dakhla), además del campamento 27 de febrero, día de la proclamación de la independencia de la RASD.

Los que se quedaron, han seguido sufriendo durante 33 años la represión del régimen marroquí. Han seguido las torturas, las detenciones, las desapariciones, las violaciones y los asesinatos. Son ya miles de muertos y desaparecidos, además de cientos de presos políticos de los que apenas se sabe nada. Uno de los principales centros de detención y tortura, la Cárcel Negra del Aaiun, tiene a decenas de saharauis detenidos y torturados, y se ha convertido en centro de la infamia del régimen marroquí.

Voces del régimen (algunas de altos cargos del ejército) de Hassan II reconocieron públicamente como se ejecutaba a los presos saharauis y como se les arrojaba vivos desde helicópteros en el desierto del Sáhara. Dichas declaraciones fueron silenciadas rápidamente por el régimen de Mohamed VI, ya que el Genocidio Saharaui que comenzó con la invasión de 1975, sigue hoy en día. Hace menos de un mes, dos estudiantes saharauis fueron asesinados en Agadir (marruecos) mientras hacían una sentada pacífica. Que sepamos (por desgracia es imposible tener toda la información debido a que el régimen marroquí la silencia de forma constante) son las dos últimas víctimas del Genocidio Saharaui, que se suman a la larga lista de miles de nombres y rostros que dieron su vida por el hecho de ser saharauis y no querer ser marroquíes.

El mundo debería tener la información de lo que sucedió en realidad, de como marruecos quiso y quiere exterminar al Pueblo Saharaui. Mientras exista esta información, será imposible que lo consigan.

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LAS VICTIMAS ESPAÑOLAS DEL CONFLICTO SAHARAUI: LA OTRA MEMORIA HISTORICA

19 diciembre, 2008

VÍCTIMAS DE LA GUERRA DEL SÁHARA
Fecha Miércoles, 04 junio a las 20:17:23
Tema Articulos y Noticias

Fuente: La Gaceta de Canarias, 2/6/2008
Por Federico Echanove
En próximas fechas podrían darse nuevas vueltas de tuerca a la cada vez más estrecha cadena que desde la llegada al poder del PSOE se viene cerniendo desde la antigua metrópoli sobre el pueblo saharaui y sobre la justa y legítima lucha por su libertad que, desde que lo abandonamos cobardemente a su suerte, viene sosteniendo contra viento y marea. Y no se trata solamente del contubernio político- empresarial para invertir desde Canarias en el territorio, negociando con sus ocupantes, o de los obstáculos que quienes dispusieron de DNI español siguen encontrando para adquirir la nacionalidad española pese a haber pasado aquí ya, en muchos casos, largos períodos de residencia. Ni siquiera se trata de las maniobras diplomáticas con que nos ha venido obsequiando Moratinos para respaldar en la ONU las pretensiones anexionistas de la monarquía alauita o de las carreras que ha dado ante las instituciones de la UE para que respaldaran el acuerdo de Pesca. A lo que me voy a referir esta vez es a algo mucho más sutil y, en cierto modo, fundamental: la posible alteración de la consideración que realiza el Estado Español, a través de sus leyes, de la naturaleza jurídica del conflicto como un asunto de Derecho Internacional, y la consideración de que, por eso mismo, dispone la parte agredida -el pueblo saharaui y su representante internacionalmente reconocido por la ONU, el Frente Polisario- como parte legítima en el contencioso.
Ambos principios podrían quedar en entredicho y seriamente lesionados si, como ha manifestado en más de una ocasión el PSOE y el propio Gobierno ha demostrado con sus actos, se incluye en la anunciada modificación de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo a los ciudadanos españoles que, en el proceso de descolonización del territorio que aún no ha concluido, fueron objeto de episodios de violencia allí o en las aguas jurisdiccionales de la colonia. La flamante diputada electa por Unión Progreso y Democracia (UPD), Rosa Díez, ha presentado también por su parte una iniciativa que se debatirá mañana martes sobre los principios que deben inspirar la modificación anunciada por Rubalcaba de la Ley vigente. Aunque lo que pretende Díez es solamente extender el concepto de víctima a quienes en el País Vasco sufren cotidianamente la ‘kale borroka’ o han tenido que exiliarse a causa de las amenazas de ETA, no sería nada extraño que el PSOE aproveche ya esta semana para tratar de llevar el agua a su molino y meter todo en el mismo saco, colando así de rondón la visión del problema del Sáhara Occidental que Zapatero ha mostrado de manera indisimulada desde el inicio de su primer mandato: que se trata de un asunto interno de Marruecos.
La cuestión es espinosa, ya que se trata de las vidas y el dolor de decenas de personas y de sus familiares, muchas de ellas agrupadas en la mal denominada Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (ACAVITE) que preside Lucía Jiménez, y digo mal denominada pues pese al respeto que deben merecernos sus integrantes y a ser totalmente justa su reivindicación de que se les saque del olvido y se haga justicia con sus tragedias personales, lo cierto es que, por lo que sabemos, la mayoría no fueron víctimas de lo que internacionalmente se conoce como terrorismo, sino de hechos que, por cruentos que fueren estaban incursos en un proceso de descolonización reconocido por la ONU y en la guerra que siguió al abandono de España. Es lo que sucedió con los distintos buques pesqueros que fueron objeto de ataques o secuestros en una zona que, aunque fuera objeto de acuerdos de la UE con Marruecos, estaba en situación de guerra, y respecto de la que tampoco está de más recordar que, en muchos casos, como el del ‘Cruz del Mar’, la autoría de los hechos no está nada clara.
Hasta ahora todos los gobiernos habían mantenido el criterio lógico de no equiparar a las víctimas españolas de ETA con las de la Guerra en el Sáhara. Y es que, en caso contrario, habría que equiparar también con las de ETA a las de todas las descolonizaciones del mundo que han sido reconocidas por la ONU: la de Guinea Ecuatorial o hasta la de Cuba, en la que, por cierto, murieron los bisabuelos de bastantes españoles que ahora podrían empezar a reclamar que fueron víctimas del terrorismo de los ‘mambises’. Y a buen seguro en el Reino Unido no se equiparó nunca a  las víctimas de la descolonización de la India con las del IRA, con independencia de las ayudas que para tratar de reparar su dolor hayan recibido tanto unas como otras. ¿Qué pasa? ¿Que como las demás descolonizaciones triunfaron y ésta todavía no ha finalizado a los protagonistas de aquéllas se les recibe con pompas y honores en el ministerio de Exteriores y a los de ésta se les llama indirectamente terroristas? A esto sí que se le llama memoria histórica. ¿O sea que no sólo abandonamos a los saharauis bajo las bombas de napalm marroquíes sino que, cornudos y apaleados, ahora le vamos a dar argumentos a Marruecos para que los llame terroristas, porque, aunque su causa siga en la ONU, no triunfó precisamente como consecuencia de dicho abandono? Pues sí, en estos tiempos de relativismo moral y legal tan engañosamente progresistas que vivimos en España y en los que lo más importante es ser genuflexo ante Marruecos todo es posible.
Y tuvo que ser el canario Juan Fernando López Aguilar quien, a poco de abandonar el ministerio de Justicia, sentase el primer precedente al aplicar la Ley vigente a Francisco Jiménez, padre de la presidenta de ACAVITE. Jiménez trabajaba como electricista en Fos Bu Craa cuando el 10 de enero del 76 bajo el vehículo en que viajaba estalló una mina que lo dejó incapacitado para trabajar y con graves secuelas físicas y psicológicas hasta que murió en Gran Canaria hace unos dos años y poco antes de que le fuera concedida a su familia la indemnización (Minas como ésa han seguido estallando en el Sáhara Occidental hasta hoy, causando numerosos muertos aún ahora que desde 1991 las hostilidades han cesado), si bien el Frente Polisario ha realizado importantes labores de desminado en la zona que administra, mientras Marruecos no ha efectuado lo mismo en la suya y sigue sin firmar el Convenio de Ottawa contra las minas antipersona). En la fecha citada, España no había completado su salida -aunque sí había firmado los Acuerdos Tripartitos- y parece que fue en eso y en la subsiguiente consideración aún del Sáhara como territorio nacional en lo que se basó López Aguilar para estimar que la ley para las víctimas de ETA era de aplicación en su caso, pues para poder ampliarla a otros posteriores y anteriores al año 2.000 sería preciso reformarla para ‘actos terroristas’ fuera del territorio nacional. Pero el caso de Francisco Jiménez es paradigmático, pues al mismo tiempo que estallaba bajo su coche, la población civil saharaui agrupada en torno al Polisario estaba huyendo hacia el sur en desbandada y se producían bombardeos masivos sobre la población civil que en zonas como Um Draiga causaron centenares de muertos. Su dolor -que como en el caso de Jiménez, fue causado por la intromisión marroquí en el proceso de descolonización y la bajada de pantalones española- debiera merecer algún día al menos el mismo reconocimiento.
Las víctimas españolas del conflicto saharaui no sólo merecen respeto y apoyo, sino salir del olvido y ser indemnizadas como se merecen. Pero lo que no puede volver a suceder con la reforma anunciada por Rubalcaba es que, con la complicidad española, puedan ser penosamente instrumentalizadas por Marruecos para tratar de deslegitimar a una de las partes de un conflicto bélico y convertir en verdugos a las mayores víctimas de aquella penosa espantada. Incluso cabe decir que, como todas las demás víctimas del conflicto, las víctimas españolas pueden tener mucho que decir en aras de la verdad, de la memoria histórica e incluso del futuro de un Sáhara libre y en paz. Pero precisamente es por eso por lo que uno sinceramente cree que la reparación de su dolor debe producirse en un contexto distinto al que algunos han diseñado junto a ETA. Y explicarles que no son, en puridad, víctimas del terrorismo, sino de un proceso de descolonización que fue abruptamente interrumpido por Marruecos con la complicidad del régimen tardo franquista, y que ha tenido y sigue teniendo muchas otras víctimas, es tarea de todos, incluidas las asociaciones de solidaridad con el Sáhara Occidental existentes en España.