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Human Rights Watch reclama a Marruecos frenar la violencia policial

24 enero, 2012

El nuevo Gobierno marroquí debe revisar sus leyes represivas, frenar la violencia policial y mejorar la independencia de la Justicia si quiere concretar las promesas en términos de derechos humanos contenidas en la nueva Constitución marroquí, según reclama la organización Human Rights Watch (HRW) en su informe mundial 2012.

Los progresos tangibles en estos campos, asegura, demostrarán la sinceridad de las reformas anunciadas por el rey Mohamed VI en respuesta a las protestas del Movimiento opositor 20 de Febrero en Marruecos, que reclama mayores cuotas de democracia, una monarquía parlamentaria y erradicar la corrupción.

A lo largo de 2011, fueron encarceladas varias personas “por motivos políticos” tras procesos “manifiestamente injustos”. Según HRW, las autoridades restringieron el derecho de los marroquíes a manifestarse en las calles, “tolerando algunas protestas del 20 de Febrero pero dispersándolas violentamente en otros casos”. En el Sahara Occidental, las fuerzas del orden “no autorizaron ninguna concentración pública de los partidarios de la autodeterminación”.

“Los marroquíes han aprobado una nueva Constitución que proclama con fuerza sus derechos ciudadanos, pero todavía esperan a ver qué significarán en la práctica esos principios constitucionales”, ha afirmado Sarah Leah Whitson, directora de la división de Medio Oriente y África del Norte de HRW, a través de un comunicado.

“Para empezar, el Gobierno debería derogar las disposiciones del Código Penal y del Código de la Prensa para los casos de expresión no violenta, comprendidas las críticas a la monarquía, el Islam o las reivindicaciones de soberanía sobre el Sahara Occidental” (las tres grandes líneas rojas que no se pueden traspasar en el país), ha considerado Leah Whitson.

HRW recoge en su informe, entre otras cuestiones, que el año pasado los tribunales mantuvieron en prisión preventiva a los militantes independientes saharauis Ali Salem Tamek, Brahim Dahane y Ahmed Naciri durante un año antes de juzgarles. El tribunal los liberó provisionalmente en marzo de 2011 “sin noticias todavía de una nueva audiencia para su proceso”.

Centenares de presuntos radicales islamistas, detenidos tras los atentados de Casablanca de 2003 y en los años siguientes, siguen en prisión, destaca HRW. “Muchos de ellos fueron condenados en procesos injustos, después de ser detenidos en secreto, maltratados y en algunos casos torturados“, asegura la organización. “La nueva Constitución, con sus promesas de justicia independiente, debería traducirse en una revisión judicial independiente de sus condenas”.

HRW denuncia también que los funcionarios dificultan frecuentemente el registro de algunas asociaciones. Entre los grupos privados de estatuto legal se encuentran colectivos saharauis con tendencias independentistas, asociaciones culturales ‘amazigh’ (bereberes) y de caridad juzgadas próximas al movimiento islamista tolerado pero no legalizado de Justicia y Espiritualidad.

La televisión pública marroquí, según HRW, deja poco espacio a la crítica directa hacia el Gobierno sobre temas sensibles, a pesar de que autoriza una dosis de reportajes de debate político.

El pasado 26 de marzo, recuerda la organización, centenares de periodistas de los medios controlados por el Estado se manifestaron reclamando, entre otras cosas, “la independencia editorial”.

El 8 de abril, concluye HRW, Marruecos levantó varias reservas relativas a la Convención internacional de eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Las autoridades “deberían hacer esta promesa realidad en 2012, por ejemplo, modificando sus leyes para dar a las mujeres marroquíes el mismo derecho que ya tienen los hombres para conferir su nacionalidad a sus cónyuges”.

Según Leah Whitson, Marruecos recibió el elogio internacional por su respuesta positiva a las protestas en el país animadas por la Primavera Árabe, traducidas en promesas de reforma a través de la adopción de una nueva Constitución y las elecciones anticipadas que dieron el pasado noviembre la victoria a los islamistas moderados del Partido Justicia y Desarrollo (PJD). “Será en 2012 cuando se revele si esas promesas se traducirán en progresos reales o si se quedarán en el aire”.

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