El saharaui que crispa a Marruecos
Hassanna Aalia tenía seis o siete años. Un día, cuando estaba en la escuela, un profesor marroquí perdió la paciencia y, colérico, levantó la voz para regañar a los alumnos. «¡Saharauis sucios!», espetó en medio de la clase. «¿Sucios? ¿Por qué sucios?», se preguntó entonces aquel niño. Y esa primera inquietud, planteada solo en su cabeza, fue desencadenando muchas otras: «¿Por qué nos tratan mal? ¿Por qué me obligan a aprender un idioma diferente al de mis padres? ¿Por qué hay tantos militares y policías en las calles? ¿Por qué papá se esconde para escuchar las noticias en la radio? ¿Por qué huyeron mis tíos? ¿Por qué tenemos miedo?». Las respuestas llegaron poco a poco —en esa transición de la niñez a la adolescencia, que en su caso también fue una transición de la inercia al activismo—, pero hoy, con 26 años y a 2.000 kilómetros de distancia, Aalia las resume así: «Son las consecuencias de haber nacido en un territorio ocupado».
El territorio del que Aalia habla desde Bilbao es el Sáhara Occidental, colonia de España hasta 1975. La escuela que hoy recuerda estaba en aquella región anexionada y gestionada por Marruecos desde 1976, vigilada por una misión de la ONU desde 1991 y a la que —insiste con vehemencia— no puede volver. «Si regreso, me encierran de por vida», cuenta Aalia, un joven flaco, de mediana estatura, que habla con la voz baja, casi como si estuviera revelando un secreto, y al Rabat acusa de tener relación con la muerte de 11 agentes marroquíes y dos civiles.
Su vida se ha partido en dos: en un antes y un después de su participación en los campamentos de Gdim Izik, entre octubre y noviembre de 2010. La protesta —una especie de acampada a las puertas de la ciudad de El Aaiún, la capital— reunió a 20.000 personas que exigían mejores condiciones de vida. «Fue el inicio de la primavera árabe«, valora con una mezcla de orgullo y desazón, en partes iguales, porque ese también fue el inicio de su autoexilio.
Hoy ha debido acostumbrarse a vivir entre flashes y micrófonos, a peregrinar por Ayuntamientos y Parlamentos, a participar en conferencias universitarias, a reunirse con abogados, incluso a caminar por la calle y que le pidan una foto. Pero hoy, sobre todo, espera que el Ministerio del Interior revierta la decisión de denegarle el asilo político que pidió hace tres años. Aalia llegó a España en octubre de 2011 con una beca de formación en derechos humanos coordinada por EGE, una ONG vasca que trabaja, principalmente, en el desarrollo de mujeres y jóvenes. En esas estaba cuando se enteró, ya en Bilbao, de que en Marruecos se había emitido una orden de búsqueda y captura por su participación en Gdim Izik.
Aalia argumenta que en 2013 un tribunal militar de Rabat le condenó —a él y a una veintena de saharauis— por la muerte de 11 agentes y dos civiles durante el desmantelamiento de los campamentos, el 8 de noviembre de 2010. Él niega haber matado a nadie e, incluso, duda de que en realidad hayan fallecido todas esas personas. Su «único delito», añade, fue «atreverse» a disentir. Su labor en Gdim Izik, según su versión, consistía en trasladar a representantes de ONG y periodistas desde El Aaiún, sin que fueran detectados en los controles militares.
¿Qué pasó ese 8 de noviembre? «Los militares desmantelaron los campamentos por la fuerza y entraron brutalmente a las casas de El Aaiún para buscar a los organizadores», cuenta Aalia, que añade que durante la mañana participó en las manifestaciones, pero por la tarde, cuando vio que empezaron las detenciones, se escondió en la casa de una amiga.
Aalia asegura que su labor consistía en trasladar a ONG y periodistas desde El Aaiún hasta los campamentos
Marruecos ofreció otra versión y justificó el ingreso porque un grupo con «antecedentes penales» se había «apoderado» de los campamentos y estaba obligando a los saharauis a permanecer en ellos. «Nosotros participamos libremente», reprocha Aalia, «¿en serio creen que alguien podía retener a tantas personas?».
El juicio ha sido cuestionado por organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, entre otras razones, porque un tribunal militar juzgó a civiles —un procedimiento habitual en Marruecos desde hace décadas— y por las denuncias de torturas para conseguir las supuestas confesiones. «Interior se apoya en la sentencia, sin cuestionarla, para denegarle el asilo», critica Javier Canivell, abogado de Aalia y responsable del Servicio Jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Euskadi. El ministerio, contactado por este periódico, no ha querido pronunciarse sobre el caso por la confidencialidad de los expedientes de asilo.
La defensa destaca que Aalia fue juzgado «en rebeldía» porque no estuvo presente en el juicio y que por ello no tienen un documento oficial en el que conste que Aalia ha sido condenado a cadena perpetua. «Nos basamos en las versiones de quienes estuvieron en el juicio y en los informes de observadores y organismos de derechos humanos«, señala Canivell.
¿Qué pasa después de la denegación? Aalia tenía 15 días para salir de España desde que se le notificó la decisión, el pasado 19 de enero. No lo hizo. Su defensa presentó un recurso ante la Audiencia Nacional para que revise el proceso y suspenda cautelarmente la orden de salida.
Aalia, mientras tanto, cuenta que continuará denunciando los «abusos» de Marruecos. Un activismo que empezó con 17 años cuando —dice— escuchó por primera vez el himno saharaui durante una manifestación. Al inicio solo se unía a las protestas, pero después empezó a participar en la organización, una tarea por la que —asegura— ha sido detenido «tantas veces» que no recuerda con precisión. «Más de 10, por lo menos. Te golpean, te quitan la ropa, te amenazan con violarte con botellas. Lo que buscan es que tengas miedo, te calles y dejes de protestar».
Cuando no está en conferencias o reunido con algún político, Aalia intenta llevar la vida de cualquier joven de su edad. De vez en cuando queda con sus amigos por WhatsApp para tomar algo en el Casco Viejo o se conecta a Internet para hablar con su familia en El Aaiún —sus padres y cuatro hermanos—. Vive en Bilbao con la familia de Itziar Fernández Mendizábal, una activista 64 años a la que llama «ama» y a la que presenta como su «mamá vasca». Ella preside la ONG que le ofreció la beca. «En el Sáhara conocí a Hassanna y a su familia, unas personas comprometidas. Vimos que lo habían expulsado del instituto y que allí no tenía oportunidades de formarse», relata Fernández, casi con recelo, porque prefiere hablar más del Sáhara y menos de su vida.
«Mi mamá vasca fue a la boda de mi hermana y me trajo vídeos. Fue una manera de estar ahí», cuenta Aalia en el salón de su casa. Del techo cuelgan telas que imitan la forma de una jaima, una especie de tienda de campaña típica del Sáhara. «Lo ha hecho ama, creo que para que me sienta en casa».
BOICOT A MARRUECOS. PAREMOS EL GENOCIDIO SAHARAUI. SAHARA LIBRE YA! 