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EL GENOCIDIO SAHARAUI, A LOS TRIBUNALES

9 abril, 2015

Ruz procesa a 11 mandos militares marroquíes por genocidio en el Sáhara

El magistrado ordena detener a ocho de imputados por 50 asesinatos y 202 secuestros Los hechos ocurrieron tras la retirada de España de su antigua colonia y hasta 1992

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado el procesamiento de 11 mandos militares de Marruecos por el genocidio en el Sáhara Occidental tras la salida de España de su antigua colonia en febrero de 1976 y hasta 1992. El magistrado, en un auto de 40 páginas considera un “hecho” que en esos años se produjo “un ataque sistemático contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes”. En su resolución, Ruz, que próximamente será relevado en su puesto por otro magistrado, describe al menos 50 casos de asesinatos y otros 202 de detención ilegal por parte de la Gendarmería y el Ejército marroquí de ciudadanos saharauis que tenían DNI y pasaporte expedido por España.

Los ataques contra la población civil se produjeron, relata Ruz, con independencia de que las víctimas formaran parte o no del Frente Polisario, la guerrilla que luchó contra el reino alauí hasta 1991 por la independencia de la antigua provincia española. El magistrado habla en su resolución de “bombardeos contra campamentos de población civil, desplazamientos forzados de población civil, asesinatos, detenciones y desapariciones de personas todas ellas de origen saharaui”. El objetivo de estos actos hostiles era, afirma Ruz, “destruir total o parcialmente dicho grupo de población y para apoderarse del territorio del Sahara Occidental”.

Además de las detenciones, señala el magistrado “se produjeron encarcelamientos prolongados sin juicio, algunos durante muchos años”, y “torturas a personas saharauis por parte de funcionarios militares y policiales marroquíes en diversos centros oficiales de detención ubicados tanto en territorio del Sahara Occidental como en Marruecos”. Ruz sostiene que tales hechos fueron “impulsados” por los altos mandos de los cuerpos militares marroquíes.

Un familiar de una de las víctimas muestra el DNI español hallado entre los huesos en la fosa común. / ARANZADI

El tratarse en muchos casos de víctimas con nacionalidad española, la causa sobre el genocidio en el Sahara no se ve afectada por la reforma de la justicia universal, operada por el PP en marzo de 2013, y que ha supuesto un parón a numerosas causas por delitos de lesa humanidad fuera de España investigados por los jueces de la Audiencia Nacional. La investigación se inició en 2007 tras una querella de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis contra 32 personas.

Fuente original: el pais

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MARRUECOS IMPIDE LA ENTRADA DE 4 EURODIPUTADOS AL SAHARA OCCIDENTAL

6 marzo, 2013

Marruecos impide que cuatro eurodiputados entren en su territorio
Entre los políticos se encontraban Willy Meyer (IU) y Vicent Garcès(PSOE)
El esloveno Ivo Vajgl y la sueca Isabella Lövin completaban la expedición

Marruecos ha impedido hoy la entrada en su territorio a una delegación de cuatro eurodiputados, entre los que se encontraban los españoles Willy Meyer (Izquierda Unida) y Vicent Garcès (PSOE). La representación parlamentaria pretendía llegar a El Aaiún, la capital administrativa del Sáhara Occidental, para observar la situación de respeto a los derechos humanos en los territorios ocupados y entrevistarse con la Minurso, la misión que Naciones Unidas tiene desplegada en la zona. La eurodiputada sueca del grupo Los Verdes Isabella Lövin y el liberal esloveno Ivo Vajgl completaban la expedición.

Meyer tomó un vuelo de Iberia esta mañana desde Madrid con dirección a Casablanca mientras Gàrces, Lövin y Vajgl lo hicieron desde París, según relata por teléfono el miembro de Izquierda Unida. Cuando pisó suelo marroquí, la policía alauí le pidió que mostrara su pasaporte y le comunicó que existía una orden del Gobierno de Marruecos para no permitirle la entrada en el país. La operación se repitió con el vuelo que traía desde Francia al resto de la delegación.

Hace un par de semanas, un tribunal marroquí condenó a ocho activistas saharauis que participaron en el campamento de protesta de Gdim Izik a cadena perpetua; a cuatro a 30 años de cárcel; y a otros 10 a penas de entre 20 y 25 años de prisión. Estaban acusados de la muerte de 11 agentes de las fuerzas de seguridad marrroquíes durante el desmantelamiento de las jaimas (tiendas de los nómadas) el 8 de noviembre de 2010 en las afueras de El Aaiún. En aquella operación, otros 70 miembros de las fuerzas del orden resultaron heridos y dos civiles saharauis murieron.

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Según el eurodiputado Willy Meyer (IU), que sí entró en Marruecos en febrero como observador del juicio contra los activistas, Rabat ha exacerbado su opacidad tras la condena. El embajador de Marruecos ante la Unión Europea aseguró en una carta que la delegación que pretendía viajar al territorio en conflicto «estaba auspiciada por Argelia [enfrentado con el Gobierno de Rabat]». Los cuatro diputados expresarán una queja formal ante La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, quien fue informada del viaje la semana pasada. El portavoz parlamentario de IU en la Comisión de Exteriores, Joan Josep Nuet, también pedirá que el ministro García Margallo exprese una queja formal ante el Gobierno de Rabat por el trato recibido por Meyer y el socialista Garcès.

Tras el Acuerdo de Madrid en 1975, cuya legalidad está cuestionada por Naciones Unidas, España dejó el Sahara Occidental en manos de Marruecos y Mauritania. La ONU no admite a ninguna de estas potencias como administradoras y considera que el Sáhara es un territorio pendiente de descolonización. Decenas de miles de saharauis, de mayoría árabe y bereber, viven hoy en el territorio ocupado por Marruecos, cuya soberanía no reconoce la comunidad internacional.