EL GENOCIDIO SAHARAUI, A LOS TRIBUNALES

Ruz procesa a 11 mandos militares marroquíes por genocidio en el Sáhara

El magistrado ordena detener a ocho de imputados por 50 asesinatos y 202 secuestros Los hechos ocurrieron tras la retirada de España de su antigua colonia y hasta 1992

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado el procesamiento de 11 mandos militares de Marruecos por el genocidio en el Sáhara Occidental tras la salida de España de su antigua colonia en febrero de 1976 y hasta 1992. El magistrado, en un auto de 40 páginas considera un “hecho” que en esos años se produjo “un ataque sistemático contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes”. En su resolución, Ruz, que próximamente será relevado en su puesto por otro magistrado, describe al menos 50 casos de asesinatos y otros 202 de detención ilegal por parte de la Gendarmería y el Ejército marroquí de ciudadanos saharauis que tenían DNI y pasaporte expedido por España.

Los ataques contra la población civil se produjeron, relata Ruz, con independencia de que las víctimas formaran parte o no del Frente Polisario, la guerrilla que luchó contra el reino alauí hasta 1991 por la independencia de la antigua provincia española. El magistrado habla en su resolución de “bombardeos contra campamentos de población civil, desplazamientos forzados de población civil, asesinatos, detenciones y desapariciones de personas todas ellas de origen saharaui”. El objetivo de estos actos hostiles era, afirma Ruz, “destruir total o parcialmente dicho grupo de población y para apoderarse del territorio del Sahara Occidental”.

Además de las detenciones, señala el magistrado “se produjeron encarcelamientos prolongados sin juicio, algunos durante muchos años”, y “torturas a personas saharauis por parte de funcionarios militares y policiales marroquíes en diversos centros oficiales de detención ubicados tanto en territorio del Sahara Occidental como en Marruecos”. Ruz sostiene que tales hechos fueron “impulsados” por los altos mandos de los cuerpos militares marroquíes.

Un familiar de una de las víctimas muestra el DNI español hallado entre los huesos en la fosa común. / ARANZADI

El tratarse en muchos casos de víctimas con nacionalidad española, la causa sobre el genocidio en el Sahara no se ve afectada por la reforma de la justicia universal, operada por el PP en marzo de 2013, y que ha supuesto un parón a numerosas causas por delitos de lesa humanidad fuera de España investigados por los jueces de la Audiencia Nacional. La investigación se inició en 2007 tras una querella de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis contra 32 personas.

Fuente original: el pais

marruecos QUIERE ROBAR EL PETRÓLEO SAHARAUI

El petróleo abre un nuevo frente entre Marruecos y el Polisario

Después de la renuncia de Repsol a seguir con las prospecciones en aguas canarias, la polémica viaja hacia el sur, aunque con mucho menos ruido que en el caso de las islas. Dos multinacionales —la estadounidense Kosmos Energy y la escocesa Cairn Energy— están acometiendo un pozo exploratorio en el Atlántico, a unos 100 kilómetros de las costas del Sáhara Occidental.

Este sondeo —autorizado por Marruecos y el primero en la historia que se realiza en la zona— ha provocado las protestas del Frente Polisario. Su secretario general, Mohamed Abdelaziz, envió el lunes un escrito a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el que advierte de que estas actividades son «una seria provocación y una amenaza real contra la paz y la estabilidad para el Sáhara Occidental y la región del Magreb». La organización Ecologistas en Acción, por su parte, ha alertado de que los trabajos pueden tener «consecuencias negativas para el frágil ecosistema marino de la zona» e «impacto sobre los recursos pesqueros y la fauna amenazada».

A mediados de diciembre, un mes después de que Repsol comenzara el trabajo de sondeo en aguas canarias, el buque perforador Atwood Achiever empezó a trabajar en aguas saharauis, en la zona de Cabo Bojador, a unos 200 kilómetros de las Islas Canarias. Kosmos y Cairn esperan tener a finales de marzo los resultados de esta campaña exploratoria.

Esta zona es muy sensible. El Sáhara Occidental es uno de los 17 territorios no autónomos bajo supervisión del Comité de Descolonización de la ONU. Sin embargo, cuando España abandonó su antigua colonia hace 40 años, una parte importante quedó en manos de Marruecos, que la administra actualmente. De hecho, el Gobierno marroquí es el que ha concedido las autorizaciones y participa en el accionariado del proyecto, como ocurre en el resto de permisos de exploración de hidrocarburos concedidos por este país.

Consciente de que se trata de un punto caliente, Kosmos —que posee el 55% del proyecto y, por lo tanto, lleva la voz cantante como operador— se reunió la semana pasada con representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores e Industria de España. Fuentes del departamento de José Manuel Soria sostienen que, en su caso, el encuentro tuvo un carácter técnico. Según la información trasladada a este ministerio, los trabajos se centrarán al sur, en el bloque llamado Cabo Bojador. «También parece que tienen previsto perforar al norte, pero la investigación está menos avanzada», añaden estas fuentes ministeriales. Incluyendo Cabo Bojador, Kosmos Energy tiene cuatro permisos otorgados por Marruecos. «Si los resultados son positivos en el sondeo, iniciarán una nueva ronda de contactos», añade el departamento de Industria. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha rechazado dar explicaciones de la reunión con Kosmos.

El único pronunciamiento público del Gobierno sobre este asunto data de mediados de diciembre. «Las prospecciones que se están llevando a cabo están dentro del respeto más absoluto al derecho internacional», sostuvo el ministro de Justicia, Rafael Catalá, cuando fue interrogado por los periodistas en Canarias.

Pero el Frente Polisario rechaza esta interpretación. Bucharaya Beyun, delegado en España de esta organización, afirma que es «una violación del derecho internacional». «Le corresponde a la ONU tomar medidas», añade Beyun, para quien Marruecos busca «atraer» inversión extranjera para conseguir un reconocimiento de facto de su soberanía.

Contra esta campaña exploratoria también se ha manifestado el Observatorio de los Recursos Naturales del Sáhara Occidental. El representante en España de esta organización, Alejandro Garcés, recuerda que en 2002 un pronunciamiento del ex secretario general de asuntos jurídicos de la ONU Hans Corell estableció que la explotación de los recursos en la zona debía repercutir favorablemente en esta área y contar con el consentimiento de la población local. El primer supuesto, según Garcés, podría haberse cumplido, ya que Kosmos ha anunciado que construirá algunas escuelas. Respecto al segundo, el del consentimiento, afirma que no se ha cumplido.

La compañía no comparte esta visión. Reg Manhas, vicepresidente de asuntos exteriores de Kosmos, envió un escrito en noviembre a los representantes de ocho organizaciones que defienden los intereses saharauis ante las dudas mostradas por estos. En esa carta explica que han presentado su proyecto a «actores locales principalmente en Dajla, así como El Aaiún y Bojador». En septiembre, explica en el escrito, hubo encuentros de la empresa con «cargos electos, empresarios, líderes tribales y representantes de organizaciones civiles, de la industria turística y de comunidades de pescadores». Respecto a la repercusión para los saharauis, Manhas asegura que «las poblaciones locales se beneficiarán de forma eficiente, efectiva y transparente». Y pone como ejemplo la «industria de petróleo y gas» que se ha creado en Ghana gracias al yacimiento marino Jubilee Field.

Vía: elpais.com

CUMBRE SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MARRUECOS, UN PAÍS CON 317 PRESOS POLÍTICOS

Marruecos pasa desde este jueves y por voluntad propia un exigente examen mundial sobre su comportamiento con respecto a los derechos humanos en el país en un momento crítico. Vigencia de la pena de muerte, tortura, presos políticos y de opinión, represión en las manifestaciones, actos y actividades prohibidas a numerosas ONG y colectivos ciudadanos, nacionales e internacionales, malas condiciones y muchos problemas en las cárceles. El catálogo de quejas y denuncias sobre esos aspectos sigue vigente y en algunos ámbitos, como la situación de la mujer, parece que empeora. Más de 5.000 expertos de 94 países acuden desde este jueves a Marraquech a participar en 52 debates en el II Foro Mundial de Derechos Humanos. Algunas ONG han anunciado su boicot.

La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), la más importante de Marruecos con 14.000 afiliados, explicó este lunes en Rabat las razones de su ausencia y sus máximos responsables fueron contundentes y nada contemplativos: “La Justicia en Marruecos no siempre es independiente a pesar de todas las reformas y leyes anunciadas; se actúa contra activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos; la represión y la impunidad es una práctica corriente; y las denuncias sobre torturas rara vez llegan a los tribunales”.

La AMDH, que sí estuvo en las reuniones previas al foro para sus preparativos, lleva tiempo advirtiendo de que no le gustaba nada cómo se estaban desarrollando los prolegómenos de este evento mundial porque entienden que se ha montado con mucha improvisación (el programa final se cerró el lunes), poca transparencia sobre las discusiones y los invitados, mucho dinero para florituras (se especula con unos 12 millones de euros pero no se ha dado ese dato oficialmente ni quién o cómo se sufraga) y poca realidad de fondo. Esos lamentos los suscriben otras muchas asociaciones asentadas en Marruecos, como las 178 agrupadas en torno a la Federación Internacional de la Liga de los Derechos del Hombre, aunque algunas acudirán a los actos por pragmatismo, para aprovechar la ocasión y los contactos internacionales.

Por ejemplo, NOVACT, el Instituto Internacional para la Acción Noviolenta, la única española entre las 400 ONG invitadas oficialmente al foro, que opera en Marruecos hace meses aunque aún no está registrada totalmente. Su codirector, Lucas Gervasoni, comparte el malestar de la AMDH y las otras ocho entidades que han firmado el boicot, pero tampoco quiere desaprovechar la oportunidad para “construir redes internacionales y ayudar a los colectivos que intentan cosas”.

El primer congreso de este tipo, que respalda la ONU y la comunidad internacional, se celebró en 2013 en Brasil. En esta edición en Marraquech, desde este jueves y hasta el domingo, más de 5.000 participantes se distribuirán en 12 foros sobre la mujer, 13 de formación, 15 culturales, habrá más de 70 invitados internacionales (la inauguración correrá a cargo de Ban Ki Moon, secretario general de la ONU) y España enviará una pobre representación oficial con la jefa de gabinete de la Defensora del Pueblo. También hablarán el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el exjuez Baltasar Garzón.

Una de las grandes críticas perennes a Marruecos sobre derechos humanos tiene que ver con lo mucho que anuncia y promete y lo poco que ejecuta. El país se ha suscrito en los últimos años a todos los convenios internacionales sobre la materia, aprobó en 2011 una novedosa y moderna Constitución y tiene en cartera varias reformas de leyes orgánicas básicas. Pero no salen adelante, sobre todo en Justicia e Interior.

Los dirigentes de la AMDH han denunciado, en su completo informe de esta semana, una acusación aún más grave: “El Estado manipula con la lucha contra el terrorismo y la amenaza de los movimientos extremistas para recortar logros conseguidos en los años 90 y atacar a las ONG”. Gervasoni remacha: “A Europa y a España les interesa fomentar la estabilidad del vecino y socio marroquí aunque sea a costa de rebajar la presión sobre los derechos humanos y de financiar las prácticas violentas de su Ministerio del Interior”.

AMDH ha contabilizado un total de 70 actos prohibidos desde el verano a sus distintas delegaciones en más de 20 ciudades del país y también un campamento de jóvenes de Amnistía Internacional. El pasado 15 de julio, además, el ministro del Interior, Mohamed Hassad, su bestia negra, arremetió contra las ONG en el Parlamento al calificarlas en bruto de “hostiles y de recibir fondos del extranjero”.

Las manifestaciones están permitidas, de hecho han proliferado y se han diversificado (16.096 en 2013 por todo el país) pero también se pueden dispersar violentamente sin razones aparentes. Las prohibiciones de los actos de protesta no suelen ser oficiales y evidentes. Se pide un local para una actividad y cuando llega el día el recinto está cerrado. No se entrega ninguna comunicación por escrito. Se hace con una llamada.

La tortura no está permitida pero hasta el ministro de Justicia ha aceptado que se produce de forma no estructurada porque las confesiones policiales tienen valor de prueba y se hacen sin la presencia garantizada de abogado. Las ONG han denunciado últimamente dos casos: el de Wafa Sharaf en Tánger y el de Osama Housn en Casablanca. No hubo investigación. En el país hay libertad de información aparente pero también mucha autocensura. En 2013 la AMDH contabilizó 317 presos políticos o de opinión entre activistas, sindicalistas, jóvenes del 20-F o prosaharauis.

Vía Elpais.com