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SAHARAUIS Y SEFARDÍES… LA INJUSTICIA DEL GOBIERNO ESPAÑOL

28 marzo, 2014

El último Consejo de Ministros aprobó la concesión de forma automática de la nacionalidad española a los descendientes de los judíos sefardíes expulsados en 1492 por los Reyes Católicos. Con esta medida se pretende reparar un agravio histórico, basándose en la existencia de vínculos culturales, lingüísticos y hasta sentimentales entre la comunidad sefardí y España.

No podemos dejar de acordarnos de “otros” españoles que también fueron expulsados de su territorio y abandonados a su suerte hace ahora casi 40 años. Me refiero, claro está, a los saharauis, habitantes del antiguo Sáhara español.

No podemos tampoco olvidar que los saharauis llegaron a ser, por obra y gracia de la política colonial del franquismo, habitantes de la provincia española número 53. No conservan la llave de la casa de Toledo porque nunca la tuvieron, pero muchos guardan celosamente sus carnés de identidad españoles, hablan español y lo enseñan en sus escuelas. Existe un paralelismo demasiado obvio entre sefardíes y saharauis, aunque el tratamiento en uno y otro caso es muy distinto: es fácil constatar en los medios las numerosas dificultades de estos últimos para conseguir la nacionalidad española.

Sin entrar en consideraciones jurídicas, parecen existir motivos más que suficientes para equiparar a saharauis y sefardíes y reparar también en la medida de lo posible esa otra injusticia histórica.

Aunque tal vez resultaría impactante ver a muchos miles de “españoles” viviendo como refugiados en un campamento argelino o sometidos a la ocupación marroquí de su territorio.— Francisco Fernández Santamaría.

Fuente original: http://elpais.com/elpais/2014/02/19/opinion/1392830627_886895.html

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CONTINUA EL GENOCIDIO SAHARAUI

17 febrero, 2013

Marruecos zanja con cadenas perpetuas y largas penas el juicio a 24 saharauis

Un tribunal militar juzgaba la muerte de 11 policías en el desmantelamiento de un campamento

Los activistas fueron detenidos hace más de dos años

Marruecos ha impuesto ocho cadenas perpetuas, cuatro a 30 años y siete más a 25 años de cárcel a los 24 militantes saharauis detenidos tras el desmantelamiento, por las fuerzas de seguridad marroquíes, del campamento de protesta de Gdim Izik erigido en las afueras de El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental.

Un tribunal militar ha juzgado a los saharauis, en prisión preventiva desde hace más de dos años, durante nueve días sin interrupción. El macrojuicio, celebrado en Rabat, ha concluido a primeras horas de la madrugada del domingo. Los delitos que según el tribunal quedan probados son “formación de banda criminal, violencia contra la fuerza pública con resultado de muerte, y mutilación de cadáveres” en grado de autoría o de complicidad. Los saharauis han escuchado impávidos las condenas y, puño en alto, han proferido proclamas por la independencia y la autodeterminación del Sáhara, según la agencia EFE. A las afueras del tribunal, un pequeño grupo de nacionalistas marroquíes han celebrado el veredicto al grito de “traidores” y “asesinos”.

Una mujer marroquí muestra una foto de disturbios en Gdim Izik. / F. S. (AFP)
“A mí no me sorprende nada; es un juicio político y con normas militares; pese a que no hemos visto ninguna prueba inculpatoria, sabíamos que iba a ser así”, ha dicho a EFE Brahim Dahan, expreso político y presidente de la Asociación Saharaui de víctimas de violaciones graves de derechos humanos. Los detenidos han denunciado de forma sistemática torturas para arrancarles las primeras confesiones, pero el juez se ha negado a investigar sus denuncias. Los abogados de la defensa han argumentado la ausencia de huellas de los detenidos en las armas, la falta de pruebas de ADN, el vídeo proyectado en el juicio, en el que era imposible identificar a ninguno de ellos, y la ausencia de autopsias a los cadáveres.

El suceso, el más violento en la ciudad desde el alto el fuego de 1991 entre Marruecos y el Frente Polisario, empezó en la madrugada del 8 de noviembre de 2010, cuando las fuerzas de seguridad marroquíes iniciaron el desmantelamiento del campamento. Unos 20.000 saharahuis llevaban varias semanas concentrados pacíficamente en Gdim Izik para exigir mejoras sociales y un reparto justo de los recursos naturales de esa antigua colonia española. Los allí congregados no formularon exigencias políticas como, por ejemplo, la autodeterminación, informa Ignacio Cembrero.

Trece personas murieron en el asalto al campamento y en los posteriores disturbios. Once de las víctimas eran agentes de las fuerzas auxiliares (un cuerpo paramilitar) y de la Gendarmería, y dos eran civiles saharauis. En las redadas policiales tras el asalto fueron detenidos unos 200 saharauis, pero la mayoría fueron puestos en libertad sin cargos.

Via: http://internacional.elpais.com/internacional/2013/02/17/actualidad/1361069515_197064.html

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VIDEO DE APOYO A LOS PRESOS POLITICOS SAHARAUIS

5 febrero, 2013